Las Áreas Naturales Protegidas y…Explotadas en México
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Para Pepe, habitante de Álamos, Sonora, la sobrevivencia del Área Natural Protegida Sierra de Álamos–Río Cuchujaqui está en riesgo. El hermoso paisaje que le rodea—y que alberga una amplia variedad de especies de flora y fauna, como ceibas, cedros, guacamayas verdes y algunos de los grandes felinos de México, como jaguares, pumas, gatos monteses, tigrillos y ocelotes— se encuentra en peligro. Su preocupación es real; en esta área de protección de flora y fauna compañías mineras llevan a cabo actividades de exploración y extracción de minerales que, entre otros impactos, producen residuos tóxicos que dañan el ambiente.
En noviembre de 2018, la empresa canadiense Minarum comunicó el descubrimiento de ‘Alesandra’, una veta de oro en una mina que se ubica dentro del polígono de la también llamada ‘Reserva de Álamos’. Para su explotación se requiere ácido sulfúrico y otras sustancias altamente tóxicas que se absorben en los suelos y lesionan seriamente los ecosistemas. Minarium no es la única empresa que tiene a la Reserva de Álamos en la mira, en ese mismo año (2018) la compañía Bylsa Drilling inició exploraciones mineras dentro del polígono de ésta Área Natural Protegida (ANP).
La minería es una actividad económica de larga data en el estado de Sonora. Sin embargo, en los últimos años ésta se ha convertido en una amenaza latente para la conservación del patrimonio natural de los sonorenses y de toda la población mexicana. Pepe y otros vecinos de Álamos han atestiguado la forma en que la minería ha dañado el medio ambiente de la región. De hecho, algunas organizaciones civiles han denunciado que la apertura de caminos y la entrada de maquinaria pesada en la zona “protegida” están dañando severamente a las especies de flora y fauna, pues destruyen los suelos y la vegetación;[1] además, el uso de la maquinaria genera fuertes ruidos que ahuyentan a los animales silvestres. Los especialistas señalan que esta área protegida es de vital importancia en la captación de agua para consumo humano, por lo que la minería también pone en riesgo la salud de las personas que dependen de los cuerpos de agua cuenca abajo.
¿Por qué son necesarias las Áreas Naturales Protegidas?
Las ANP[2] son espacios de vital importancia, indispensables para el resguardo de la enorme biodiversidad y riqueza natural de nuestro país. Según la definición oficial, éstas son “porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y producen beneficios ecológicos”.[3]
La creación de las ANP tiene como propósito conservar la biodiversidad, preservar los ecosistemas que la albergan y garantizar los servicios ambientales.[4] Estos últimos son los recursos y procesos que proporciona la naturaleza y que posibilitan la vida: la producción de oxígeno, el ciclo hidrológico, las mareas, los vientos, etc.
Entre las normas específicas que existen en México para garantizar el cuidado y manejo adecuados de las ANP se encuentran el Programa de Manejo de cada ANP, el Programa de Ordenamiento Ecológico[5] y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).[6] En estos instrumentos se establecen las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada área protegida, pues se encuentran sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías que allí se determinan.
Minería en las áreas protegidas: una contradictoria y absurda combinación
Como sucede en sierra de Álamos, en diversas áreas protegidas de México se llevan a cabo actividades de explotación de minerales—metálicos y no metálicos—que son autorizadas por las autoridades ambientales, pese a que en muchos casos se utilizan sustancias altamente tóxicas para su extracción.
Es un hecho: las actividades mineras en las ANP están amparadas por las leyes mexicanas. La Ley Minera establece la preponderancia de la extracción de minerales por encima de cualquier actividad productiva o uso de suelo. El artículo 6 de dicha ley dice, a la letra: “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias son de utilidad pública[7]serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que ésta establece”. La única excepción tiene que ver con las actividades de exploración y extracción del petróleo y otros hidrocarburos. En este caso prevalece un interés económico por sobre el derecho humano a un ambiente sano.
De acuerdo con información oficial, existen decenas de concesiones y proyectos mineros activos dentro de ANP federales. Según cifras oficiales, al 2017, “dentro de las ANP se ha concesionado a la minería un total de 2.22 millones de hectáreas, que equivalen al 7.2% de su superficie terrestre a nivel nacional”.[8] La Secretaría de Economía ha otorgado casi 60,000 hectáreas de concesiones mineras tan solo dentro de las zonas núcleo de las ANPs federales. [9] Como lo explica el especialista Manuel Llano, las concesiones no son actividades de explotación que se estén llevando a cabo actualmente, pero deben considerarse como terrenos que cuentan con autorización para ser explorados y posteriormente explotados.
Ahora bien, en cuanto a los proyectos mineros, es decir, las minas que están activas, datos oficiales señalan que “73 de los principales proyectos mineros [catalogados así por el Servicio Geológico Mexicano] se localizan al interior de las Áreas Naturales Protegidas y en Humedales (Sitios Ramsar)”.
A esta información se suma la evidencia existente sobre los efectos dañinos de la minería en las ANP. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con un registro de “sitios contaminados que se consideran como pasivos ambientales (Semarnat 2012), debido a la liberación de materiales o residuos peligrosos que no se remedió oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes”. En este registro se contabilizan 84 sitios contaminados por actividades mineras, de estos sitios un total de 11 se ubican al interior de las ANP: El Vizcaíno, en Baja California Sur; Sierra Gorda, en Guanajuato; Mariposa Monarca, en Michoacán; Sierra de Huautla, en Morelos, y El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, en Sonora.[10]
Minería en las ANP y las afectaciones de largo alcance
La explotación minera dentro de las ANP es en su mayoría de oro, plata y cobre. El proceso de extracción de estos metales requiere de enormes cantidades de agua y produce grandes volúmenes de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio, cobre, plomo, arsénico[11] los cuales se filtran en el suelo y alteran de forma permanente el ambiente y el equilibrio ecológico.
Las consecuencias negativas que la minería puede tener en su comunidad preocupan por múltiples razones a los vecinos de Álamos; dichas preocupaciones se fundan sobre todo en los “accidentes” mineros que han padecido diversas comunidades en Sonora. Uno de ellos, considerado el mayor desastre socioambiental de la minería en México, ocurrió el 6 de agosto de 2014 cuando la presa de jales en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre, sustancia tóxica que se dispersó rápidamente sobre los ríos Bacanuchi y Sonora.[12]
Este derrame trajo consigo graves daños al ambiente y afectaciones directas a 22,000 personas que habitan en siete municipios del estado: Arizpe, Banamichi, Aconchi, Huépac, San Felipe, Baviácora y Ures. Allí se contaminaron las fuentes de agua y los suelos con metales pesados, lo cual perjudicó la salud de las personas y mermó la producción agrícola y ganadera de la cuenca del Río Sonora.[13]
A la fecha, dos investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México comprueban la presencia de contaminación residual—relacionada con el derrame provocado por la minera Grupo México en 2014—que permanece después de la aplicación de medidas de remediación.[14]
Sonora es el estado líder en producción minera en México; allí operan cuarenta minas de mediana y gran escala. Se trata del principal productor de cobre y de sus entrañas se extrae el 24% de oro del país. Además, según datos oficiales, existen diez minas ubicadas dentro de cuatro ANP y un Sitio Ramsar, de las que se extraen principalmente oro, plata y cobre.
Datos oficiales al 2017. Fuente: M. Llano “La actividad minera en las Áreas Naturales Protegidas” (2017), En: Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin de sexenio. Anuario 2017. Fundar. México.
Los daños que provoca la minería también se manifiestan en el tejido social y en el bienestar de las comunidades. En Álamos, existe una confrontación entre aquellas personas que se oponen a la minería y quienes consideran que las actividades extractivas son una fuente de empleo y desarrollo.[15] Esta situación puede transformarse en un conflicto socioambiental, que enfrente a la población y derive en actos de intimidación y violencia. Pepe y otros miembros de su comunidad consideran necesaria la intervención de las autoridades para convocar a un diálogo entre la comunidad y las compañías mineras. En dicho diálogo tendrían que exponerse con claridad tanto el proceso de extracción de los minerales como los riesgos de estas actividades para la salud de las personas y para la conservación del medio ambiente y del área protegida, la cual provee un hogar y un refugio para la vida silvestre de la región.
Para Pepe la minería es un peligro para la protección de la naturaleza “la perforación, la explotación de yacimientos, la extracción de metales y la exposición de residuos tóxicos en las tinajas o presas de jales dañan en mayor o menor grado la conservación de las ANP, la vida silvestre y el bienestar de las personas que habitamos cerca [de] las mineras”.
En septiembre de 2018 se presentaron en el Senado de la República dos iniciativas de ley que tienen como propósito prohibir las actividades mineras al interior de las ANP.[16] Ambas están en manos de las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de los Estudios Legislativos Segunda y de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional. A la fecha estas iniciativas están a la espera de un dictamen por parte de estas comisiones, las cuales deberán valorarlas a la luz del interés público, es decir, salvaguardar el patrimonio natural de toda la población mexicana.
En suma, estas iniciativas pueden contribuir a frenar el deterioro de las ANPs causado por la minería y las actividades que ésta conlleva y, establecer definitivamente una protección real en nuestros espacios naturales más importantes.
Agradecimientos a Nature and Culture International, Mexico Program
Fuentes y más información:
[1] “Exploraciones mineras en Área Natural Protegida de Álamos dañan vegetación y fauna silvestre”. Proyecto Puente. 3 de marzo 2019.
[2] Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México se dividen en las de carácter federal, estatal, municipal y las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. www.conanp.org.mx
[3] Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, 2019. Ver: www.conanp.org.mx
[4] Las ANP se crean mediante un decreto presidencial o través de la certificación de una área cuyos propietarios deciden destinar a la conservación. Para más información, consultar: www.conanp.gob.mx
[5] El Programa de Ordenamiento Ecológico tiene por objetivo definir un patrón de ocupación del territorio. Busca un balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales. Ver: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/ordenamiento-ecologico. Los programas de manejo (PM) establecen las características de las áreas, las actividades, las acciones, los lineamientos básicos para el manejo de las ANP y para promover el desarrollo sustentable y la preservación de las mismas, CONANP, 2019.
[6] Esta ley, decretada en 1996, en el artículo 45 señala que el establecimiento de ANP tiene por objeto preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogreográficas, asegurar el equilibrio y la continuidad de procesos evolutivos y ecológicos; salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres; asegurar la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad, y preservar las especies en peligro de extinción, amenazadas, endémicas y raras.
[7] “La utilidad pública facilita a los concesionarios el acceso a terrenos que pertenecen, por propiedad privada o social, a terceros, para la realización de actividades de exploración, extracción o beneficio minero. La utilidad pública puede justificar, a la luz de la Ley de expropiación, la enajenación de los terrenos pertenecientes a terceros a favor del concensionario minero”. Para un análisis crítico sobre la Ley Minera, consultar: Francisco Cravioto, “La normatividad minera en México” (2019), Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible, México.
[8] Llano, Op cit., pp. 25-26.
[9] Llano. M. “La actividad minera en las Áreas Naturales Protegidas” (2017), En las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin de sexenio. Anuario 2017. Págs. 19-31. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México. Disponible en: http://fundar.org.mx/anuario-2017-las-actividades-extractivas-en-mexico-mineria-e-hidrocarburos-hacia-el-fin-del-sexenio/
[10] Llano, Ibídem.
[11] “La extracción de oro, la plata y el cobre produce una mayor concentración de residuos tóxicos, además de los arriba mencionados, otros contaminantes que se encuentran más frecuentemente son: cadmio, selenio, zinc y níquel”…”Tanto los residuos rocosos como los que resultan en relaves, de no tratarse de manera adecuada, resultan ser altamente contaminantes para el medio ambiente”. Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) 2014. Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable. Las problemáticas en torno a los pasivos ambientales mineros en Australia, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Consultora: Miryam Saade Hazin. Págs. 9-10.
[12] Buena Vista del Cobre, en el municipio de Cananea, una de las minas de cobre más grandes del mundo. Más información en: https://agua.org.mx/tag/rio-sonora/
[13]Alejandra Aparicio y Pedro Hernández. 2017. “Gestión de riesgos y desastres socioambientales. El caso de la mina Buenavista del cobre de Cananea”. Investigaciones geográficas, (93). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S046112017000200009
[14] El Diagnóstico Ambiental en la Cuenca del Río Sonora afectada por el derrame del represo Tinajas 1, de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora desarrolla elementos suficientes para acreditar “el daño ambiental y el nexo causal entre las afectaciones al ecosistema y el derrame, y justifica un sistema de seguimiento que se debe implantar para medir a largo plazo la evolución del impacto ambiental ocasionado por el derrame.” Disponible en: http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/Estudios%20y%20Proyectos/INFORME%20FINAL%20UNAM.pdf
Documento: Indicadores indirectos de contaminación residual en suelos y sedimentos de la cuenca del río Sonora, México”, Disponible en: https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2019.35.02.09/46833
[15] “Ejidatarios de Álamos exigen a Semarnat permisos para explotación minera” La Jornada, 20 de febrero 2019. Disponible: https://www.jornada.com.mx/2019/02/20/politica/014n2pol?partner=rss#
[16] Más información, consultar: http://comisiones.senado.gob.mx/ambiente/iniciativas.php
Natural Protected—and Exploited—Areas in Mexico
For Pepe, a local resident of Álamos, Sonora, Mexico, the survival of the Sierra de Álamos–Río Cuchujaqui Natural Protected Area is at risk. The beautiful landscape that surrounds it—home to a wide variety of species of flora and fauna like ceibas, cedars, green macaws, and some of the great felines of Mexico like jaguars, cougars, wild cats, margays, and ocelots—is in danger. His concern is real; in this Flora and Fauna Protection Area, mining companies carry out exploration and mineral extraction activities that, among other impacts, produce toxic waste that damages the environment.
Photo: James Liu
In November 2018, the Canadian company Minarum announced the discovery of “Alesandra,” a vein of gold in a mine that is located within the zone also known as the Álamos Reserve. Its exploitation requires sulfuric acid and other highly toxic substances that are absorbed into the soil, causing serious damage to ecosystems. Minarium is not the only company targeting the Álamos Reserve. In the same year (2018), the company Bylsa Drilling began mining explorations within this Natural Protected Area (NPA).
Mining is a longstanding economic activity in the state of Sonora. However, in recent years it has become a latent threat to conserving the natural heritage of Sonora residents and the entire Mexican population. Pepe and other Álamos residents have witnessed how mining has damaged the region’s environment. In fact, some civil organizations have denounced that opening roads and allowing heavy machinery to enter the “protected” area is severely damaging flora and fauna species, as they destroy soil and vegetation.[1] In addition, the use of machinery produces loud noises that drive away wild animals. Specialists point out that this protected area is of vital importance for collecting water for human consumption, so mining also endangers the health of people who depend on the bodies of water downstream.
Why are natural protected areas necessary?
NPAs[2] are essential for protecting Mexico’s enormous biodiversity and natural wealth. According to the official definition, they are “terrestrial or aquatic portions of the national territory that are representative of the diverse ecosystems, where the original environment has not been essentially altered and that produce ecological benefits.”
The aim of creating NPAs is to conserve biodiversity, preserve the ecosystems that host it and ensure the provision of environmental services.[4] The latter are the resources and processes provided by nature that make life possible: oxygen production, the hydrological cycle, tides, winds, etc.
The specific standards that exist in Mexico to ensure the proper care and management of NPAs include: each NPA’s Management Program, the Ecological Management Program,[5] and the General Law of Ecological Balance and Environmental Protection (LGEEPA is its acronym in Spanish).[6] These programs establish activities that are permitted within each protected area according to specified categories, as the areas are subject to special protection, conservation, restoration, and development regimens.
Mining in Protected Areas: A Contradictory and Absurd Combination
As the case is in Sierra de Álamos, in several protected areas of Mexico, activities involving the exploitation of metallic and non-metallic minerals are carried out, which are authorized by environmental authorities even though highly toxic substances are used for their extraction in many cases.
It is a fact: mining activities in NPAs are protected by Mexican law. The Mining Law establishes the preference granted to mineral extraction over any productive activity or land use. Article 6 of this law states: “The exploration, exploitation, and benefit of minerals or substances are of public utility;[7] they shall be preferential over any other use or exploitation of the land, subject to the conditions established therein.” The only exception concerns exploration and extraction of oil and other hydrocarbons. In this case, an economic interest prevails over the human right to a healthy environment.
According to official information, there are dozens of concessions and active mining projects within federal NPAs. As of 2017, official figures show that “a total of 2.22 million hectares, equivalent to 7.2% of the national land area, have been granted to mining within the NPAs.”[8] The Secretariat of Economy has granted almost 60,000 hectares of mining concessions within the core zones of the federal NPAs alone.[9] As explained by the specialist Manuel Llano, the concessions are not exploitation activities that are currently being carried out, but they should be considered as lands that have been authorized to be explored and subsequently exploited.
That said, official data indicate that “73 of the main mining projects [catalogued as such by the Mexican Geological Survey] are located within Natural Protected Areas and Wetlands (Ramsar Sites).”
Existing evidence on the harmful effects of mining in NPAs adds to this information. The Secretariat of Environment and Natural Resources has a record of “contaminated sites deemed as environmental liabilities (Semarnat 2012), due to the release of hazardous materials or waste that were not remedied in a timely manner to prevent the dispersion of contaminants.” This record includes 84 sites contaminated by mining activities, 11 of which are located within NPAs: El Vizcaíno, in Baja California Sur; Sierra Gorda, in Guanajuato; Mariposa Monarca, in Michoacán; Sierra de Huautla, in Morelos; and El Pinacate and Gran Desierto de Altar, in Sonora.[10]
The far-reaching effects of mining in NPAs
Most mining within NPAs is of gold, silver, and copper. The process of extracting these metals requires enormous amounts of water and produces large volumes of toxic substances such as cyanide, mercury, copper, lead, and arsenic,[11] which seep into the soil, permanently altering the environment and the ecological balance.
The negative consequences that mining may have on the Álamos community raise concerns among area residents for many reasons; these concerns are mainly based on the mining “accidents” that various communities in Sonora have suffered. One of them, considered the largest socio-environmental mining disaster in Mexico, occurred on August 6, 2014 when the tailings dam at the Buenavista del Cobre mine in Cananea spilled 40,000 cubic meters of copper sulfate, a toxic substance that quickly dispersed into the Bacanuchi and Sonora rivers.[12]
This spill caused serious damage to the environment and directly affected 22,000 people living in seven state municipalities: Arizpe, Banamichi, Aconchi, Huépac, San Felipe, Baviácora, and Ures. Water sources and soils were contaminated with heavy metals, which damaged people’s health and reduced agricultural and livestock production in the Sonora River basin.[13]
To date, two surveys by the National Autonomous University of Mexico show the presence of residual contamination—related to the spill caused by Grupo Mexico mining company in 2014—that persists after the application of remediation measures.[14]
Sonora is Mexico’s leading state in mining production, with forty medium and large scale mines that operate there. It is the main copper producer, and 24% of the country’s gold is extracted from its entrails. In addition, according to official data, there are ten mines located within four NPAs and one Ramsar site, from which mostly gold, silver and copper are extracted.
The damage caused by mining is also evident in the community’s social fabric and well-being. In Álamos, there is a confrontation between those who oppose mining and those who believe that extractive activities are a source of employment and development.[15] This situation could turn into a socio-environmental conflict that confronts the population and leads to acts of intimidation and violence. Pepe and other members of his community consider it necessary for authorities to intervene and call for a dialogue between the community and the mining companies. This dialogue should clearly state both the process of mineral extraction and the risks that these activities pose to people’s health, as well as the conservation of the environment and protected area, which provides a home and refuge to the region’s wildlife.
For Pepe, mining threatens the protection of nature: “Drilling, the exploitation of deposits, the extraction of metals, and the exposure of toxic waste in vessels or tailings dams—to a greater or lesser degree—damage the conservation of the NPAs, wildlife, and the well-being of the people who live near the mines.”
In September 2018, two bills were presented to the Senate of the Republic with the purpose of banning mining activities within NPAs.[16] Both are in the hands of the Environment, Natural Resources, and Climate Change Commissions, the Second Legislative Studies Commission, and the Mining and Regional Development Commission. To date, these initiatives are awaiting resolution by these commissions, which must assess them in light of public interest, namely to safeguard the natural heritage of the entire Mexican population.
In short, these initiatives can contribute to curbing the deterioration of NPAs caused by mining and its related activities as well as to establishing real protection for our most important natural spaces.
Nature and Culture International’s Mexico Program contributed to this information.
Sources and more information:
[1] “Exploraciones mineras en Área Natural Protegida de Álamos dañan vegetación y fauna silvestre” [Mining Explorations in the Álamos Natural Protected Area Damage Wild Vegetation and Fauna]. Proyecto Puente [Bridge Project]. March 3, 2019.
[2] Mexico’s Natural Protected Areas (NPAs) are divided into federal, state, municipal areas, and Voluntary Conservation Areas. www.conanp.org.mx
[3] National Commission of Natural Protected Areas (CONANP, for its Spanish acronym), 2019. See: www.conanp.org.mx
[4] NPAs are created through a presidential decree or through the certification of an area that is allocated to conservation by the owners’ decision. For more information, please see: www.conanp.gob.mx
[5] The aim of the Ecological Management Program is to define a pattern of land occupation. It seeks a balance between productive activities and the protection of natural resources. For more information, see: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/ordenamiento-ecologico. The management programs (PM, for its Spanish acronym) establish the characteristics of the areas, activities, actions, and basic guidelines for managing the NPAs and promoting their sustainable development and preservation, CONANP, 2019.
[6] Article 45 of this law, enacted in 1996, states that the establishment of NPAs is aimed at preserving the natural environments representative of the different biogeographic regions, ensuring the balance and continuity of evolutionary and ecological processes, safeguarding the genetic diversity of wild species, ensuring the conservation and sustainable use of ecosystems and biodiversity, and preserving endangered, threatened, endemic, and rare species.
[7] “The public utility provides concessionaires with access to land that belongs, whether owned privately or socially, to third parties for exploration, extraction, or mining benefit activities. The public utility may justify, in light of the Expropriation Law, the alienation of land that belongs to third parties in favor of the mining concessionaire.” For a critical analysis of the Mining Law, see: Francisco Cravioto, “La normatividad minera en México [Mining regulations in Mexico]” (2019), Mexican Civil Council for Sustainable Forestry, Mexico.
[8] Llano, Op cit., pp. 25–26.
[9] Llano. M. “La actividad minera en las Áreas Naturales Protegidas [Mining Activity in Natural Protected Areas]” (2017), in Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin de sexenio. Anuario 2017 [Extractive Activities in Mexico: mining and hydrocarbons towards the end of the six-year presidential term. Yearbook 2017], pp. 19–31. Fundar, Center for Analysis and Research. Mexico. Available at: http://fundar.org.mx/anuario-2017-las-actividades-extractivas-en-mexico-mineria-e-hidrocarburos-hacia-el-fin-del-sexenio/
[10] Llano, Ibid.
[11] “The extraction of gold, silver, and copper produces a higher concentration of toxic waste, in addition to those mentioned above; other pollutants that are more frequently found are: cadmium, selenium, zinc, and nickel. […] Both rocky waste and waste resulting in tailings, if not treated properly, are highly polluting to the environment.” Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 2014. Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable. Las problemáticas en torno a los pasivos ambientales mineros en Australia, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú [The Problems Surrounding Mining Environmental Liabilities in Australia, Canada, Chile, Colombia, Mexico, Peru, and the United States). Consultant: Miryam Saade Hazin, pp. 9–10.
[12] Buena Vista del Cobre, in the municipality of Cananea, one of the largest copper mines in the world. For more information, see: https://agua.org.mx/tag/rio-sonora/
[13]Alejandra Aparicio and Pedro Hernández. 2017. “Gestión de riesgos y desastres socioambientales. El caso de la mina Buenavista del cobre de Cananea [Socio-Environmental Risk and Disaster Management. The case of the Buenavista del cobre mine, in Cananea)”. Investigaciones geográficas, (93). Available at: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S046112017000200009
[14] The Diagnóstico Ambiental en la Cuenca del Río Sonora afectada por el derrame del represo Tinajas 1, de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora [Environmental Diagnosis in the Sonora River Basin affected by the Tinajas 1 dam spill, from the Buenavista del Cobre mine, Cananea, Sonora] develops sufficient elements to prove “the environmental damage and the causal link between the impacts on the ecosystem and the spill, and it justifies a monitoring system that must be implemented to measure the evolution of the environmental impact caused by the spill in the long-term.” Available at: http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/Estudios%20y%20Proyectos/INFORME%20FINAL%20UNAM.pdf
Document: “Indicadores indirectos de contaminación residual en suelos y sedimentos de la cuenca del río Sonora, México [Indirect Indicators of Residual Pollution in Soils and Sediments of the Sonora River Basin, Mexico].” Available at: https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2019.35.02.09/46833
[15] “Ejidatarios de Álamos exigen a Semarnat permisos para explotación minera [Álamos Landholders Demand Mining Permits from Semarnat]” La Jornada, February 20, 2019. Available at: https://www.jornada.com.mx/2019/02/20/politica/014n2pol?partner=rss#
[16] For more information, see: http://comisiones.senado.gob.mx/ambiente/iniciativas.php
Translated by Victoria Arellano
